La apertura y transparencia en la impartición de justicia es de interés público y condición esencial para el avance democrático. En la medida en que se difunda más entre todos los sectores de la sociedad la información que posee el Poder Judicial como instancia clave en el control de la constitucionalidad, y se fomente una cultura cívica de derechos y obligaciones, estaremos en mejores posibilidades, como sociedad y como país, de contribuir al fortalecimiento de nuestro Estado de derecho y de nuestras instituciones en general.