El desmoronamiento de la clase política bajo el escrutinio sagaz de María Olivia Mönckeberg
Suerte de continuación de El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, este nuevo libro de María Olivia Mönckeberg ofrecerá un meticuloso y duro escrutinio de las relaciones a veces dudosas, otras derechamente descaradas, entre la política y los negocios en el Chile de las dos últimas décadas. Centrándose en casos como Penta, Soquimich, Caval y Corpesca, la periodista establecerá cómo operan las redes de corrupción en Chile, quiénes son quiénes dentro de ese mapa de la delincuencia de cuello y corbata y por qué han empezado a caer.
Como contraparte, el libro describirá el trabajo casi heroico hecho por los fiscales a cargo de las investigaciones, revelando detalles inéditos de las investigaciones y de los procesos judiciales. Un libro absolutamente imperdible para entender la deriva de un país que se creía, en materia de corrupción, libre de polvo y paja y que resultó estar enfangado hasta el cuello.
María Olivia Mönckeberg Pardo, Premio Nacional de Periodismo 2009, es periodista de la Universidad Católica de Chile y profesora titular de la Universidad de Chile. Entre sus libros destacan El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, El imperio del Opus Dei en Chile, El negocio de las universidades en Chile, Los magnates de la prensa: concentración en los medios de comunicación y Karadima. El señor de los infiernos.
Describe la situación actual de los políticos chilenos y lamentablemente, luego de leerlo, no se aprecia algún político digno de respeto ni merecedor de recibir mi voto
La máquina para defraudar, los casos Penta y Soquimich (2015) escrita por la destacada profesora y periodista chilena María Olivia Mönckeberg, es una investigación periodística que relata el inicio y desarrollo de los casos judiciales de financiamiento ilegal de la política chilena anterior a los años 2015. En su texto, la autora comentará el inicio de las empresas Penta y Soquimich y de cómo sus socios se hicieron de éstas y lograron posicionarlas como ejemplo de gestión empresarial hasta que se desencadenó la investigación del Ministerio Público en su contra a raíz del registro ilegal de documentos tributarios electrónicos falsos y no fidedignos en la contabilidad tributaria y financiera.
El negocio era redondo para todos quienes participaban en él, excepto para el Fisco cuyas arcas se vieron disminuidas producto de los perjuicios en recaudación que se produjeron por inferiores pagos en Impuesto de Primera Categoría e IVA. La figura radicaba en que las empresas producían utilidades por años, sin embargo, sus dueños no las retiraban por completo de la caja de la empresa, lo que significaba que no nacía la obligación de declarar y pagar por parte de éstos el Impuesto Global Complementario. Hasta allí, no había problemas pues ello está permitido por la legislación tributaria (con excepción para los contribuyentes del Régimen 14 ter y Renta Atribuida entre los años tributarios 2018 y 2020), sin embargo, el ilícito radicaba en que para disminuir la base imponible del Impuesto de Primera Categoría, las empresas fingían pagar prestaciones de servicios que nunca se realizaron contra boletas de honorarios electrónicas y facturas electrónicas emitidas por personas vinculadas a los partidos políticos de derecha y la ex Concertación de Partidos por la Democracia, lo que les permitía aumentar sus costos y acercarse a pérdidas que imputaban al Fondo de Utilidades Tributables, por cuanto en la medida que más documentos tributarios electrónicos registraran, más podían disminuir este fondo y por ende, la posibilidad de que sus dueños declararan el Impuesto Global Complementario se esfumaba. Por su parte, los emisores recibían de todas maneras los montos cobrados en la documentación falsa y las destinaban a sus campañas políticas, o bien, solicitaban a sus empleados o familiares emitir documentos de la misma especie con la promesa de recibir en mayo próximo la devolución de Impuesto a la Renta. Asimismo, Penta y Soquimich se hacían de activos no financieros, pero de todas maneras muy valiosos: favores políticos que les permitieran gozar de ciertas ventajas a la hora de frenar legislaciones que les perjudicaran, licitaciones y capacidad de decisión en materia de regulaciones al sector privado.
El texto no presenta una terminología técnica en cuanto a materia tributaria, sin embargo, está dirigido a un público con conocimientos básicos en finanzas y en la Historia reciente de la economía y política chilena. La autora abre sus páginas describiendo a las empresas del grupo Penta, cómo nació, quienes fueron sus dueños, cuáles fueron sus épocas doradas y de vacas flacas, así como la vinculación de sus dueños, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, con las autoridades políticas de la dictadura chilena como de la derecha en tiempos de democracia. Tras explicar las redes empresariales de los Carlos -como les llama- detalla la serie de movimientos financieros con forwards cuya investigación son la puerta de entrada a una serie de ilícitos económicos que remecieron la política chilena. Posteriormente, repasa el cuestionado accionar del Servicio de Impuestos Internos, por su lenta reacción a la hora de poner en aviso a la Fiscalía sobre los hechos de los que tomó conocimiento, y de las tensiones que se produjeron en el ente fiscalizador cuando las investigaciones comenzaron a tomar un ribete insospechado: el caso Soquimich. Tanta fue la crispación, que rodó la cabeza del entonces Director Nacional de la fiscalización tributaria, Michel Jorrat y posteriormente la del ex Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo entre otras, por su reprochable compartimiento ético en la conducción política del escándalo.
La ligazón que tienen estas dos empresas en el contexto de la investigación judicial que se llevó en su contra, recae en la declaración de María Carolina de la Cerda, una de las acusadas de emitir documentación tributaria falsa al grupo Penta. Ella confesó la falsedad frente al Ministerio Público, el que, revisando la lista de boletas detectó que también se estaban entregando documentos a la empresa Soquimich. De dicha sospecha, se fue generando un efecto dominó en los partidos de la Nueva Mayoría (a excepción del Partido Comunista), pues como se indica, varios de sus personeros recurrieron a la “generosidad” de Julio Ponce Lerou (dueño de Soquimich) a través de documentación falsa para hacerse de fondos destinados a sus campañas políticas. Esta segunda arista, es la merecedora de la segunda mitad de La máquina para defraudar donde se revelan los orígenes de Soquimich, cómo el dictador Pinochet se la traspasó a su entonces yerno Julio Ponce Lerou y la cantidad de redes que éste fue estableciendo con el mundo político y financiero hasta ser descubierta su participación en el polémico caso Cascadas cuyos coletazos llegaron -para variar- al Presidente de la República Sebastián Piñera, cuya credibilidad fue una vez más puesta en duda por lo poco ético que resultaba que la primera autoridad del país, no pudiera probar o desmentir que no tenía conocimiento ni participación en las sociedades que aseguró haber dejando en fideicomiso ciego.
Las páginas de esta investigación concluyen narrando un contexto donde aún la justicia no fallaba por completo en el caso Soquimich y se logra leer a una autora confiada y esperanzada en los pasos “autónomos” del Ministerio Público de Chile a través de sus fiscales, sin saber en el momento que el nombramiento del actual Fiscal Nacional, Jorge Abott, sería un retroceso en materia de independencia investigativa; pasados los meses, renunciaría a su cargo el insigne ex Fiscal Carlos Gajardo que justamente fue el que acuñó la frase que da título al libro que se comenta “La máquina para defraudar”. Quizás, la autora sospecharía el color del manto de impunidad que luego cubriría la fealdad del caso Soquimich y las palabras cada vez menos creíbles de las autoridades tributarias y persecutoras cuyo actuar ha sido seriamente puesto en duda por la ciudadanía, las y los investigadores, las fuerzas políticas más progresistas y los gremios de funcionarios dentro del Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, si es que no hay más.
Sin lugar a duda, se trata de una investigación de calidad que presenta datos duros, es rigurosa en señalar hechos y reconocer que ignora ciertas cosas como los documentos tributarios electrónicos con valor cero (que bien pueden ser documentos anulados). También es cierto, que aun cuando en su primer tiempo, el Ministerio Público realizó un trabajo autónomo, la falta de medios probatorios o la poca capacidad tecnológica o institucional no permitió llevar adecuadamente la carga de la prueba a los tribunales, lo que siempre reabre el debate de cuán “armadas” están las instituciones fiscalizadoras en materia de facultades investigativas. Triste e irónicamente, estas materias, las regula la ley, en cuya creación está directamente implicada la clase política, la misma clase política que se vio involucrada en los vergonzosos delitos de cuello y corbata expuestos por María Olivia Mönckeberg. Se caen a pedazos, entonces, las teorías político-administrativas que señalaban que era necesario pagar mejor a las autoridades cuyo talento era necesario atraer mediante mejores sueldos a los talentos de élite y así hacer al sector público más competitivo en el mercado laboral. Se ha podido desenmascarar en este texto que las ansias por más dinero que sufre la clase política pueden venir de una condición cultural misma de ésta, de una -entonces- desregulada legislación de financiamiento a los partidos políticos, o bien, de una potenciada mezcla de ambos elementos. Investigación disponible en formato ebook.
Este libro fue publicado a fines del año 2015, al fragor de los procesos que el Ministerio Público llevaba a cabo contra los grupos Penta y Soquimich (SQM). Ambos grupos económicos se originaron y potenciaron bajo la dictadura de Pinochet. Lograron seguir expandiendo su poder durante el periodo posdictatorial. Beneficiados por el turbio proceso de privatizaciones que dañó gravemente el patrimonio público, ambos grupos comenzaron a extender su influencia a la clase política. En este libro se detalla su historial y las prácticas delictuales que la justicia investigó: financiamiento ilegal de la política, cohecho, evasión tributaria, prácticas reñidas con la libre competencia, tráfico de influencias, entre otras. La corrupción en Chile es un tema abierto que nadie puede negar hoy en día. Lamentablemente, en el caso Penta, el cierre fue bastante decepcionante. (2018). Quedó en la ciudadanía la sensación de impunidad. Los imputados quedaron con libertad vigilada y con clases de ética. Los vínculos entre poder económico y poder político han dañado gravemente el patrimonio público y han sido un obstáculo para profundizar la democracia y para lograr satisfacer las legítimas demandas sociales de la mayoría. Este turbio entramado de poder es una de las causas del desprestigio de la clase política y de los grupos económicos beneficiados groseramente desde la época de Pinochet hasta nuestros días. La sensación de falta de justicia, de falta de ética, de aprovechamiento, de abuso y de impunidad han llevado a una crisis de confianza en las instituciones y en la personas que dirigen el país. El caso SQM todavía no concluye. En octubre sigue el juicio oral. Espero que el final de este proceso sea menos decepcionante que el caso Penta. Cuando el presidente Piñera habla de que enfrentamos a un "enemigo poderoso que no respeta a nada y a nadie", yo me imagino lamentablemente a los grupos económicos y a los políticos como los que aparecen retratados en este libro.