El inicio del debate presupuestario ha repuesto el problema de la eficiencia del gobierno para gastar los recursos públicos o, lo que es parecido, para sacar adelante sus proyectos. La crítica respecto de las debilidades de gestión en el Estado es bastante concordante en todo el espectro político y la propia Presidenta las mencionó como uno de los factores de su nuevo enfoque en el “cónclave” de la Nueva Mayoría en agosto pasado.

Después del cambio de gabinete se instaló en forma progresiva la idea de que la administración acelerada de las reformas fue responsabilidad de Rodrigo Peñailillo y la tramitación accidentada de la reforma tributaria, de Alberto Arenas. En un proceso que no tiene precedentes, quienes fueron los dos principales puntales del segundo gobierno de Bachelet han sido culpabilizados como si se tratara de otras gentes y otro gobierno, espectros de un período turbulento ya perdido en el tiempo. Cuando la execración política alcanza tales niveles, es prudente tomar distancia. Alguien ha de estar interesado.

En primer lugar, los ministerios de Interior y Hacienda no tienen el monopolio de la mala gestión en el Estado; de hecho, ambos pueden mostrar avances significativos en algunas de sus áreas propias. En segundo lugar, los problemas de mayor déficit de competencia o eficacia se encuentran, según clama la evidencia reciente, en otros ministerios, como Educación, Salud, Transportes o Deportes, y no siempre como resultado único del actual gobierno. En tercer lugar, los esfuerzos por llevar al servicio público a profesionales de alta calidad han sido continuamente saboteados por la presión de los partidos para ubicar a sus feligreses en todas las líneas del aparato del Estado.

Y por encima de todo ello sobrevuela la obsesión con las encuestas, que impone a todos los altos funcionarios la obligación, no ya de mejorar su gestión, sino de reventar sus agendas de trabajo con acciones de muy dudosa eficacia. Dos ejemplos en un solo día: el miércoles 30, después de que la Presidenta explicara -en cadena nacional- los componentes del proyecto de Presupuesto 2016, los ministros recibieron la instrucción de desplegarse en regiones para explicar lo mismo; aquella tarde, los cinco principales ministros habían debido acompañar a Carmen Castillo en la interpelación del Congreso, como si la respetada titular de Salud necesitara de una guardia pretoriana para salvar el momento.

La cantidad de horas dedicadas cada semana sólo por el gabinete a operaciones de comunicación es difícil de calcular y alcanza volúmenes inusitados si se agregan las que en forma de cascada se trasladan a los equipos internos de los ministerios. Parece un milagro que, en tales condiciones, aún funcionen. Queda para otro debate la cuestión de si un Estado con el PIB de Chile puede soportar los inevitables efectos de engordamiento que se derivan de todo esto; en esa discusión siempre se esconden supuestos ideológicos.

La pregunta, entonces, no es cuán ineficiente es el Estado, sino cómo podría ser de otra manera con un estilo de conducción que se distribuye en tantas direcciones diferentes.

El gobierno ha concentrado muchas de sus expectativas de mejoría (“los números”) en el 2016, como el año en que la gente debería empezar a sentir los efectos benéficos de las reformas; las expectativas no son demasiado grandes, porque al mismo tiempo alguien ha ofrecido a La Moneda la explicación de que la distancia con el poder es un fenómeno universal. Aquí, en este tipo de razonamiento y en la lógica del 2016, sí que reaparecen los fantasmas de Peñailillo y Arenas, quienes fueron -más el primero que el segundo- los dueños de este plan estratégico.

Caso modelo: el adelantamiento de la gratuidad en la educación superior para el próximo año. Aquí se puede divisar el tipo de exageración con que Peñailillo presentaba, digamos, la reforma del binominal como una refundación de la democracia. Sólo que el anuncio del anticipo de la gratuidad fue hecho por la Presidenta -sin Peñailillo ni Arenas-, lo que obliga a pensar que los residuos de ese estilo tan execrado siguen perfectamente vivos. El anuncio, que se convertirá en uno de los debates más crispados del presupuesto, tiene el aire napoleónico de las empresas casi imposibles, que son impuestas por el comandante para que, a pesar de todo, ocurran. Marcha forzada, 80 kilómetros por día. Se rompen los músculos del 10% de las tropas, pero el resto logra la conquista.

Desde luego, está por verse si esta modalidad consigue los resultados deseados (“los números”) en un ambiente donde lo más deteriorado del gobierno son los atributos blandos, la confianza y la credibilidad. El hecho, por supuesto calculado, es que tales resultados deberían impactar en las municipales de octubre de ese año, esas elecciones de mid term retrasado que han sido tan predictivas del siguiente período presidencial.

Pero si se diera el caso de que todas las mejores expectativas se cumplieran y todos los cálculos se confirmaran, quedaría todavía por enfrentar el problema de la imagen de incompetencia que transmite el gobierno. Si las elecciones fuesen en estos días, girarían en torno a un solo tema: quién viene a rescatar al país de tanto enredo, quién repone un poco la idea de eficiencia del aparato institucional, quién puede ordenar las prioridades, mantener un mensaje constante y conseguir las disciplinas que todo eso requiere. Por supuesto que es un muy mal síntoma que ocurra con un gobierno que no cumple ni 19 meses.